Felipe González

Bildu ha abierto la veda contra . Y lo ha hecho con el apoyo de: la ley de Memoria Democrática recién aprobada por los socialistas y comunistas permite a Bildu investigar los GAL. Y el partido proetarra no ha tardado en usar esprerrogativa: la formación de Otegi ya ha registrado la exigencia de comparecencia del ex ministro condenado y después indultado José Barrionuevo e, incluso, la de . El objetivo declarado expresamente por Bildu no deja lugar a dudas sobre el fin perseguido: explicar la postura del Gobierno con respecto a las acciones de «terrorismo de estado» llevadas a cabo por los GAL y defendidas por Barrionuevo, y las consecuencias que «pudieran derivarse acorde a la «.

Primer objetivo de Bildu: José Barrionuevo, el ministro de Interior condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey. Recibió por ello una condena a 10 años de cárcel, pero se benefició posteriormente del indulto de dos tercios de las pena impuesta, con lo que la administración penitenciaria lo calificó de inmediato en régimen abierto.

Pues bien. Ahora Bildu ha decidido que Barrionuevo debe acudir al Congreso de los Diputados para dar explicaciones de los GAL.

Y la misma petición ha sido cursada para que comparezca Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Bildu explica el motivo de las comparecencias en sus textos registrados en la Mesa del Congreso. En el caso de Bolaños, para «trasladar la posición del Gobierno ante las declaraciones realizadas por el exministro del Interior José Barrionuevo en el diario El País en las que justifica y respalda acciones de «terrorismo de Estado» llevadas a cabo por los GAL, y las consecuencias que pudieran derivarse acorde a la Ley de Memoria Democrática».

En el caso de Barrionuevo el asunto es plenamente coincidente: «Para responder y trasladar las explicaciones necesarias ante los representantes institucionales sobre las declaraciones vertidas en el diario El País en las que el compareciente, además de asumir su participación directa, justifica y respalda acciones de «terrorismo de estado» llevadas a cabo por los GAL bajo su mandato como Ministro del Interior».

La veda se ha abierto sobre el caso GAL

Y es que Bildu sabía desde el primer momento que la Ley de Memoria impulsada por Pedro Sánchez era la clave para atacar políticamente a Felipe González y, con ello, al voto del PSOE, al menos, en el País Vasco. De hecho, los juristas de la formación proetarra revisaron personalmente el articulado de la norma antes de ser aprobada para que cupiera la investigación a González y los GAL. Y lo hicieron con permiso de Sánchez.

La Ley de Memoria Democrática ha incorporado, así, una exigencia clave de Bildu: la de crear una comisión técnica que estudie la violencia durante la Transición, entendido ese período histórico, también, como el transcurrido entre 1978 y 1983. Ese órgano ha sido incorporado al texto de la norma tras el pacto del PSOE con Bildu. Pero, lo que es peor, no sólo la comisión figura por exigencia de Otegi. También la terminología: y es que se usa el verbo estudiar en vez del verbo investigar para eludir el veto del Constitucional ya vivido en 2018 a la fórmula de la ley de abusos policiales, impulsada en Navarra y País Vasco por PNV y Bildu para acusar a la Policía Nacional y Guardia Civil de torturas a etarras y generar la imagen de que aquella matanza no fue un interminable listado de asesinatos cometidos por terroristas contra inocentes, sino un intercambio de ataques en una «guerra», como siempre han defendido los etarras.

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