pactos con Marruecos

El Rey debe ser informado de los asuntos de Estado, pero no está claro que Pedro Sánchez lo hiciera en el punto más caliente de las relaciones internacionales de España: el que afecta a la posición ante Marruecos por el Sáhara y, de manera indirecta, a Ceuta, Melilla y las estratégicas aguas de las Islas Canarias.

Tras meses rechazando dar cuentas de si, además de ignorar al Congreso, Sánchez cumplió con su obligación constitucional de contar con Felipe VI, a quien corresponde «la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales» según el artículo 56.1 de la Carta Magna, El Debate ha accedido al documento que obliga legalmente al presidente del Gobierno a informar de todo ello. Este plazo venció el pasado 4 de noviembre, sin que desde El Debate se tengan noticias de Moncloa.

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Se trata de una resolución clave del Consejo de Transparencia, ya trasladada a la Moncloa a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares y a este periódico, en la que se derriba la extraña decisión de Sánchez de comunicarle al Rey Mohamed la renuncia de España a su posición histórica en el Sáhara durante 50 años, una decisión personal que no contó con el respaldo de las Cámaras y no está claro que lo hiciera con el conocimiento o apoyo de la Corona, pese a que la Constitución es clara a este respecto en su artículo 62.g, al señalar que corresponde al Rey «ser informado de los asuntos de Estado».

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En concreto, Moncloa tendrá que aclarar con urgencia el «número de despachos mantenidos entre el Presidente del Gobierno y el Rey de España en relación con el plan de autonomía del Sáhara, si los hubiera, y fecha de celebración», tal y como consta en la resolución número 379/2022, firmada en persona por el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez.

Las órdenes son de obligado cumplimiento y, al no hacerlo en el plazo legal oportuno, coloca al Gobierno en una situación de «rebeldía» ante la ley que extendería las ya formidables sombras que pesan sobre un caso en el que Sánchez dio un volantazo inexplicado en apenas un año: primero dejó entrar clandestinamente en España al «enemigo público número 1» de Marruecos, el líder del Frente Polisario Brahim Ghali y, solo 12 meses después, le entregó a Rabat la mayor derrota diplomática de España con el Sáhara, solo parecida a la pérdida de Gibraltar frente al Reino Unido.

Sánchez pasó en un año de mimar al gran enemigo de Marruecos a entregarle el Sáhara a Mohamed VI. Y entre medias, fue espiado, con su esposa dedicada a negocios en África

Entre medias de ambos episodios, medió el espionaje al teléfono personal de Pedro Sánchez, revelado por el propio Gobierno y objeto de una inmensa polémica en el CNI: nadie ha confirmado si la inteligencia marroquí estuvo detrás de ese asalto a la seguridad nacional ni cuál era el contenido de la información sustraída al presidente; pero lo cierto es que después de todo ello Moncloa decidió ceder con el Sáhara sin contar con nadie, desatando de paso una crisis energética con Argelia que aún perdura.

La información que ahora debe revelar Sánchez es crucial porque demostrará que o bien el Rey estuvo informado de todo ello y de algún modo lo avaló, algo improbable, o bien Sánchez se saltó a la propia Casa Real para ceder ante Marruecos sin el respaldo de ninguna institución española y al margen de la mismísima Constitución.

La extraña cesión de Sánchez ante Mohamed VI se hizo pública además desde Marruecos, con una carta cuya autoría se adjudicó al presidente español pero que, por los errores de traducción al español, pareció escrita desde Rabat.

Aunque Sánchez cerró el acuerdo con el Rey alauita en un viaje a su país en abril de 2022, la misiva donde se concretó el «regalo» del Sáhara trascendió justo antes de esa cita, en marzo de este año, difundida en primer lugar por Marruecos con un gran revuelo y confirmada después con una filtración a El País.

Y en la misma no aparecía ningún compromiso de Rabat para respetar la soberanía española de Ceuta y de Melilla, ni ninguna mención a las Islas Canarias, cuya plataforma continental bajo el mar es objeto de deseo marroquí por el potencial de materias primas que alberga.

Al contrario, Sánchez se limitaba a «torcer el brazo» ante Marruecos sin ninguna compensación aparente: «Reconozco la importancia que tiene la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos y los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos, en el marco de Naciones Unidas, para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo».

Presión sobre Ceuta y Melilla

Desde entonces, la presión parlamentaria de la oposición no ha sido suficiente para arrancarle a Sánchez una explicación de las tres polémicas que aparecen relacionadas en este poliédrico asunto: ni del papel con Ghali, sometido a investigación judicial; ni del espionaje de su teléfono en tiempos en los que la mujer del presidente, Begoña Gómez, aún dirigía negocios en África para el Instituto de Empresa; ni de las concesiones en el Sáhara.

Moncloa tampoco contó con el respaldo del Congreso para cambiar de posición en el Sáhara, poco después de haber sido espiado según confesión del propio Gobierno

Lo que sí ha ocurrido, por contra, es el endurecimiento de la posición de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, con el anuncio de creación de dos bases militares en las cercanías de ambas ciudades autónomas.

En concreto, Mohamed VI ha puesto en marcha la Tercera Zona Militar, con sede en Alhucemas, a menos de 90 kilómetros de Ceuta; y anunció un nuevo enclave a apenas 40 kilómetros de Melilla que desarrollaría de la mano de Israel, uno de los grandes aliados de Marruecos.

Incluso en septiembre, para justificar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el comportamiento de su Policía en el asalto a la valla de Melilla del pasado mes de junio, llegó a decir que el país «no tiene frontera terrestre con España» y calificó a las dos ciudades autónomas de «presidios ocupados».

A todo ello se le añade la sospecha, denunciada esta misma semana por Coalición Canaria, sobre otros pactos «por la puerta de atrás» entre Sánchez y Mohamed VI con las aguas isleñas objeto de un «trueque» en el que el supuesto beneficio para España no parece existir.

Hasta el punto de que la Reunión de Alto Nivel anunciada en el acuerdo entre Sánchez y Mohamed para 2022 no tiene fecha prevista y las autoridades alauitas pretenden celebrarla, en todo caso, ya en 2023, en otro gesto de autoridad frente a España.

Este mismo fin de semana, para ahondar en la sensación de que Sánchez cedió en el Sáhara por motivos poco claros y sin encomendarse al Congreso ni informar al Rey, Mohamed VI celebró el aniversario de la «Marcha verde», que desalojó a España de su colonia africana.

Lo hizo con un discurso televisado a todo el país, acompañado por el príncipe heredero, Hasán, en el que dio por hecha la integración del Sáhara en Marruecos, hasta el punto de anunciar un plan de inversiones de 7.000 millones de euros «en un momento crucial para el proceso de consolidación de lamarroquinidad del Sáhara».

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