staff de Sánchez

La ‘inflación’ de hasta 1.184 altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, alcanzará en 2023 un coste de más de 130 millones de euros en plena crisis económica, según se desprende de la información de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio. Desde que Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno en 2018, tras una moción de censura contra Mariano Rajoy, el ‘staff’ del Estado se ha incrementado en más de un 20% tanto en el gasto como en el número de efectivos.

La existencia de un presidente del Gobierno, tres vicepresidencias y 22 ministerios así como el nombramiento de 28 secretarios de Estado con un ilimitado número también de subsecretarios, secretarios generales o de directores generales, ha generado el mayor aparato del Estado que se conoce desde la instauración democrática. Muchos de ellos son funcionarios, con un sueldo superior al que tenían antes, pero otra gran parte de estos altos cargos han sido elegidos a dedo, es decir, han sido contratados del exterior de la Administración pese a que existe una norma que pretendía evitar esta importación de personal. 

Publicidad

El Gobierno del PSOE y Podemos ha abusado de la aplicación esta ley, que permite excepcionalmente esta contratación por causas justificadas. Por ejemplo, más de una treintena de directores generales proceden de fuera de la función pública sin que se conozca el motivo real de su ‘fichaje’ salvo su relación de confianza en detrimento de la profesionalidad del personal funcionario. Es el caso del director general de los Derechos de los Animales, Sergio Antonio García, técnico superior en artes aplicadas a la escultura, o de la Secretaria de Estado para la Agenda 2030Lilith Verstringe, historiadora y politóloga. 

El sueldo medio de los altos cargos, entre los que se incluye a los miembros del Gobierno y de las Cortes (diputados y senadores), Defensor del Pueblo y organismos institucionales (no consta los de la Casa Real) es de casi 110.000 euros en una horquilla que va desde los casi 70.000 de un director general hasta los 130.000 euros que pueden percibir algunos secretarios de Estado (los que más cobran de los ministerios) dependiendo del número de trienios (antigüedad) en caso de proceder de la propia Administración.

El desarrollo presupuestario de esta partida está plagado de curiosidades contables. Las cifras aparecen desagregadas e incompletas. Por ejemplo, los gastos genéricos de las remuneraciones de los altos cargos (del Estado, organismos autónomos y del resto de entidades que cuelgan de los ministerios) figuran por un lado mientras que otros costes inherentes a cargo del empleador (como las cotizaciones sociales) o las indemnizaciones por razones de servicio se contabilizan aparte. 

De esta forma, los PGE para 2023 contemplan un gasto inicial en altos cargos de 93,8 millones de euros en sueldos (86,8 millones del Estado, más 2,1 millones de los organismos autónomos y 4,9 millones de los demás entes), mientras que el pago de las cotizaciones ‘empresariales’ no figuran en esta partida y que supera los 20 millones de euros ni tampoco las indemnizaciones (un segundo salario que no tiene tributación que, por ejemplo, reciben los diputados y senadores) que va más allá de los 19 millones de euros. En total, el coste real de los altos cargos previsto para 2023 es de más de 130 millones, que es lo que cuestan al contribuyente. Es decir, una cifra es el sueldo bruto que percibe este colectivo y otra lo que realmente cuesta al contribuyente mantener esta amplia cohorte de altos cargos.

Partida creciente

En todo caso, esos 93,8 millones computados oficialmente de gasto en nóminas (sin esos otros costes inherentes al desempeño) superan en casi 16 millones (78,3 millones), es decir, un 20%, el presupuesto que Sánchez tenía en 2018 cuando alcanzó la presidencia del Gobierno. Desde ese año, la partida no ha hecho más que engordar y evidentemente está sobredimensionada. En los primeros años en La Moncloa, como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos, el gasto se incrementó a través de ampliaciones de crédito (en 2021 el aumento fue de casi el 14%).

Respecto a 2022 (90,5 millones) el crecimiento de este gasto es del 3,6%, como consecuencia de una subida del 4% del sueldo para los miembros del Gobierno y de los organismos constitucionales y del 2,5% para el resto (lo mismo que para los funcionarios). Sin embargo, a simple vista se comprueba que las partidas están infradotadas, quizá para simular un menor coste mientras se produce un ‘subidón’ en algunos departamentos. 

Es imposible que la masa de estas nóminas suba sólo un 3,6% con ese incremento salarial estimado del 2,5% (que puede llegar al 3,5% si el IPC supera el 6% y el PIB el 5,9%) sobre todo porque no se tienen en cuenta deslizamientos al alza como, por ejemplo, la antigüedad de esos cargos que proceden de la Administración. Y lo que es más evidente: de las 27 secciones de los Presupuestos (de los ministerios y organismos constitucionales) que tienen esta partida, en 17 se mantiene el mismo gasto que en 2022 y en uno baja un 2,2% (Agricultura) aunque curiosamente se mantiene el mismo número de altos cargos (13). Sin embargo, en nueve secciones se dispara este gasto en ‘altas nóminas’: en Ciencia e Innovación se prevé un incremento del 15%; en Presidencia, de casi el 13%; del 12% en Asuntos Económicos; del 8,2% en Inclusión y Seguridad Social; del 6,7% en Transición Ecológica; del 5,7% en Justicia; del 3,7% en las Cortes; del 1,3% en el CGPJ; y del 0,7%, muy por debajo de la media, se encuentra la subida prevista de Interior.

Por secciones, las Cortes es quien más presupuesto tiene para altos cargos (40 millones); le sigue, excluyendo sus organismos, el ministerio de Justica (18 millones); CGPJ (3,1 millones); Presidencia del Gobierno (2,5 millones); Tribunal Constitucional (2,2 millones); Política Territorial (2 millones); Tribunal de Cuentas (1,6 millones); y Hacienda (también 1,6 millones mientras alcanza el doble incluyendo a la Agencia Tributaria). Los departamentos con menos presupuesto para estos sueldos son tres de los gestionados por Podemos: Universidades (402.000 euros incluyendo sus organismos autónomos); Consumo (463.000 euros); e Igualdad (595.000 euros)

En número, los ministerios más los organismos institucionales (Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado y CGPJ) sumarán 559 altos cargos en 2023 frente a los 551 de 2022 y los 455 existentes de 2018 cuando llegó Sánchez a La Moncloa. El incremento respecto al 2018 es del 23%. A esta cifra hay que sumar los 350 diputados y 265 senadores más los representantes del Defensor del Pueblo o del Tribunal Constitucional para alcanzar esos casi 1.200 altos cargos del Estado. Respecto a 2022, llama la atención que Sánchez se haya incrementado un 17% el número de altos cargos (de 24 a 28) en su Programa presupuestario mientras que el del conjunto de Presidencia del Gobierno llegue a 37 frente a los 33 en 2022. Algo similar sucede con Asuntos Económicos, de 16 altos cargos en 2021 subirá a 18 en 2023 (un 13% más).

¿Qué ha sucedido desde 2018?

Hay 104 altos cargos más con un aumento del gasto total de los ministerios y de los órganos institucionales de casi 16 millones de euros desde la aprobación de la moción de confianza contra Rajoy y la llegada de Sánchez a La Moncloa. Aunque es difícil homogeneizar los datos porque entonces sólo había 12 ministerios, destaca que el número de componentes del ‘staff’ en el CGPJ ha pasado de 9 en 2018 a los 22 efectivos en 2023 mientras que el presupuesto en sueldos se ha casi triplicado (ha pasado de 1,1 millones a más de 3 millones). Además, en el Programa 912M cuando Rajoy era presidente del Gobierno había 14 altos cargos mientras que Sánchez dispondrá ahora del doble (28); y por ejemplo Transportes (antes Fomento) ha pasado de 15 a 18. En cuanto al presupuesto para esta partida, es llamativo que el de las Cortes y el de Hacienda haya crecido un 12% en estos años de parálisis política y administrativa, mientras que el de Justicia ha aumentado un 13% y un 24% el de Exteriores.

Página 2 de 2

LOS PRIVILEGIOS DE LOS POLÍTICOS 

Disponer de una vivienda pública de más de 200 metros de superficie en un ministerio o en un Palacio del Estado sale muy barato para los políticosmientras que los alquileres para el resto de los ciudadanos siguen por las nubes. Según la Ley del IRPF, los ministros de antes y de ahora (y otros cargos) que tienen cedida una residencia del Patrimonio estatal tienen que incorporar en la declaración del IRPF el 10% de sus ingresos como retribución en especie. Sin embargo, como resultado de su tributación (cuota líquida) por este ‘alquiler’ sólo les sale a pagar 250 euros mensuales a Hacienda

Más info

  • EuropaPress 4269402 2i d consellera accion exterior gobierno abierto victoria alsina consellera 1 1

Por si fuera poco, es la Administración quien se hace cargo del recibo de la luz, del agua, de las comunicaciones y de otros gastos fijos del inmueble que obviamente superan esa cantidad. Se trata de otro privilegio más de que disponen los gobiernos, sus altos cargos (desde directores generales a secretarios de Estado) y otro tipo de personal administrativo (desde algunos delegados de Hacienda, administradores o embajadores) tanto en la Administración Central como en el resto del sector público.

El artículo 42 de la Ley del IRPF en vigor señala que «constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal del mercado…». Y el 43 sostiene que «en el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador», la Administración en este caso, estas rentas supondrán un incremento de los rendimientos del trabajo a declarar al fisco por el 10% del valor catastral (o del 5% si dicho valor se hubiera revisado). Pero, matiza que dicha valoración «no podrá exceder del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo» (ingresos totales).

Por tanto, ante el elevado valor catastral de los edificios ministeriales o, por ejemplo, del Palacio de Viana, los ministros con residencia pública deben declarar hasta éste límite del 10% de su sueldo. Es decir, si en 2021, año fiscal que ahora está en periodo de declaración, los ministros tenían asignado un sueldo anual de 74.858,16 euros anuales, ahora deben consignar en la declaración un salario en especie por el uso de la vivienda de 7.485 euros (unos 625 euros al mes) siempre y cuando hayan dispuesto durante todo el ejercicio de la vivienda o en todo caso la parte proporcional del año (Pedro Sánchez hizo un ajuste de Gobierno en julio de 2021). 

Se trata de otro privilegio más de que disponen los gobiernos, sus altos cargos (desde directores generales a secretarios de Estado) y otro tipo de personal administrativo (desde algunos delegados de Hacienda, administradores o embajadores) 

Esta cantidad debe ser añadida a la base imponible, que se acercaría, por tanto, los 83.000 euros en este supuesto de los ministros, que serviría para calcular la tarifa y la cuota a pagar con un tipo medio resultante del entorno del 40%. Y, según los cálculos realizados, la tributación neta a pagar (‘alquiler’) por esos 7.485 euros de la disposición de la vivienda pública sería de unos 3.000 euros anuales. Por tanto, a los ministros les sale un pago por su residencia (usando inmuebles históricos, céntricos y con muchos metros de superficie) por unos 250 euros mensuales, un precio obviamente muy por debajo del mercado en Madrid y casi cercano a la gratuidad si tenemos en cuenta los gastos inherentes que corren a cargo del propietario (el Estado). 

Esta fórmula es muy ventajosa ya que, en su lugar, el Gobierno podría asignar una cantidad para satisfacer el alquiler real de una vivienda de estos altos cargos que tienen que vivir en Madrid por razones de trabajo y que usan también a título particular y familiar. Pero, en este supuesto, deberían declarar a Hacienda esa cantidad como salario a precios de mercado y, por tanto, el resultado fiscal sería muy superior al que sale con esta opción que figura en la Ley del IRPF.

El abono de una cantidad para al alquiler de una vivienda es, por ejemplo, el criterio más usado en las grandes empresas privadas para sus cuadros directivos, eso sí, con su inclusión en la nómina tributable y la correspondiente retención fiscal. Además, en el supuesto de que los directivos disfrutasen de una vivienda cedida de la empresa ese límite del 10% se establece sobre su sueldo real (que suele ser elevado) mientras que en el caso, por ejemplo, de los ministros y secretarios de Estado que tienen el acta de diputado o de senador, no incluyen en su base imponible la indemnización por razón de servicio que perciben (casi 28.000 euros anuales de dietas que además no tienen que justificar) ya que la ley la considera exenta de tributación.

Tributación especial

¿Quiénes tienen derecho a disponer de una residencia pública por la que han de tributar como salario en especie ese límite del 10% de sus ingresos? Aunque ningún artículo de la Ley del IRPF lo menciona, varias resoluciones de la Dirección General de Tributos (DGT), alegando «motivos de especial trascendencia», han modulado esta obligación porque había dudas de si, por ejemplo, el Jefe del Estado o el presidente del Gobierno deberían declarar este rendimiento por la utilización del Palacio de La Zarzuela o el de La Moncloa. Lo que supondría un aumento de la base imponible de 25.400 euros anuales en el primer caso (con un resultado de unos 13.000 euros de pago en cuota anual y de 1.100 mensuales), y de casi 8.500 euros (unos 3.400 euros anuales en cuota anual y de menos de 300 euros mensuales) en el caso de Sánchez. 

Así, según las resoluciones de la DGT, no hay retribución en especie cuando la razón principal del uso de la vivienda pública es por motivos de seguridad. En este lote se ha incluido también al ministro de Interior, pero también aparecen hasta los Jefes Provinciales de Tráfico. 

Los ministros cuentan con 'alquileres privilegiados' en viviendas públicas
Fachada del Ministerio de Hacienda en el centro de Madrid.WIKIMEDIA

Según los expertos consultados, estas resoluciones, que tenían sentido en los duros años del terrorismo, deberían ser revisadas e incluso adaptar la tributación a los precios reales del mercado inmobiliario. Además, la normativa ha sido interpretada de distintas maneras. Por ejemplo, José María Aznar, inspector de Hacienda, ha sido el único presidente del Gobierno que ha manifestado haber pagado al fisco por esta retribución es especie. En 2013, señaló en una entrevista: «Yo siempre fui extremadamente meticuloso y minucioso en la presentación de mis cuentas. Todos los años que estuve al frente del Gobierno pagaba una renta por vivir en el Palacio de La Moncloa. Yo pedí a Hacienda que me estableciese un ingreso para declarar en todas mis declaraciones de la Renta por vivir allí. No sé que han hecho los demás; yo sé que pagaba el 10% de mi retribución como presidente del Gobierno como renta por vivir en el Palacio de La Moncloa». 

Adolfo Suárez fue el primer presidente que se trasladó a La Moncloa como residente en 1977 tras vivir un tiempo en la sede de la Presidencia del Gobierno en la madrileña calle de la Castellana. Todos los presidentes de la etapa democrática se han trasladado de forma voluntaria con sus familias a este palacio aunque disponían de una vivienda en Madrid. Incluso, ha habido casos en que ha sido necesario el traslado porque el domicilio habitual no reunía los requisitos indispensables para la seguridad en aquellos momentos. 

Mariano Rajoy fue el único que estuvo a punto de permanecer en su vivienda habitual. En todo caso, los expertos consultados también tienen dudas sobre si los presidentes deberían tributar por las vacaciones en residencias públicas ya que no se trata de un uso de la vivienda oficial puesta a su disposición, sino de una utilizada privativa.

De la información del Portal de la Transparencia recogida por este diario se desprende que al menos 15 ministros tienen que declarar ahora a Hacienda que en 2021 (por todo el año o por los meses en que estuvieron en el cargo) tenían a su disposición una vivienda oficial con la consiguiente tributación como salario en especie. 

Las viviendas de los ministros

La exvicepresidenta Carmen Calvo dispuso hasta julio de ese año de una vivienda oficial de 225 metros útiles con seis estancias, tres de ellas eran habitaciones. Manuel Castell, exministro de Universidades, ocupó un inmueble de 144 metros hasta diciembre. Salvador Illa, extitular de Sanidad, residió en el complejo de La Moncloa hasta finales de enero en una vivienda de 413 metros de superficie. Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, habitó hasta julio el Palacio de Viana (con 293 metros de superficie con disposición de un vestíbulo, salón, comedir, office, distribuidor, tres dormitorios, tres baños y un aseo).

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, dispuso también hasta julio de un inmueble de la Administración General del Estado de 210 metros. Isabel Celaá, exministra de Educación, tuvo a su disposición hasta julio un inmueble de 320 metros con 14 estancias. Por su parte, de los actuales miembros del Gobierno (algunos llegaron en julio) se sabe que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tiene asignado un inmueble de 244 metros. 

La exvicepresidenta Carmen Calvo dispuso hasta julio de ese año de una vivienda oficial de 225 metros útiles con seis estancias, tres de ellas eran habitaciones

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dispone de una residencia en el ministerio aunque se desconocen sus dimensiones. Lo mismo sucede con Miquel Iceta, que cambió de cartera en verano de 2021 (Política Territorial por Cultura) pero mantiene la residencia asignada de 163 metros.

Carolina Darias, que también cambió de cartera (de Política Territorial a Sanidad) en ese ejercicio, reside en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid con una disposición de 265 metros. Luis Planas, titular de Agricultura, dispone de una vivienda pública de 216 metros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuenta con una zona privativa del ministerio para residencia de 144 metros. Mientras, el titular de Exteriores, Juan Manuel Albares, dispone ahora del Palacio de Viana; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tiene asignada una vivienda al 50% compartida con el ministerio de Asuntos Económico; y, por ejemplo, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, tiene en uso la vivienda de este departamento.

YOLANDA LILITH

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí