Supremo de EE.UU

La sección primera de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece que «ningún Estado podrá privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un proceso justo». La reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha revisado el criterio que se ha venido utilizado para determinar si la referencia de la decimocuarta enmienda a la «libertad» protege un derecho particular. La Constitución no hace referencia expresa al derecho a practicar un aborto y la actual sentencia ha concluido que «las regulaciones y prohibiciones del aborto se rigen por el mismo estándar de revisión que otras medidas de salud y seguridad».

El Tribunal ha examinado si el derecho a abortar está arraigado en la historia y la tradición y si es un componente esencial de la «libertad ordenada» y ha concluido que no porque al interpretar lo que se entiende por «libertad», el Tribunal debe guardarse de la tendencia natural humana a confundir lo que protege la Decimocuarta Enmienda con las propias opiniones del Tribunal sobre la libertad que deben disfrutar los estadounidenses. Por esta razón, el Tribunal se ha mostrado reacio a reconocer derechos que no se mencionan en la Constitución. Guiándose por la historia y la tradición del concepto de libertad ordenada, el Tribunal ha considerado que «la Decimocuarta Enmienda no protege claramente el derecho al aborto. Hasta la última parte del siglo XX no existía en la legislación estadounidense un derecho constitucional al aborto. Hasta el caso Roe, ningún tribunal federal o estatal había reconocido tal derecho; tampoco lo había hecho ningún tratado académico. De hecho, el aborto era desde hacía tiempo un delito en todos los Estados. Cuando se aprobó la Decimocuarta Enmienda, tres cuartas partes de los Estados habían tipificado como delito el aborto en cualquier fase del embarazo. Todas las grandes autoridades del derecho común escribieron que un aborto posterior a la percepción de movimiento del feto constituía un delito. La comprensión histórica de la nación sobre la ‘libertad ordenada’ no impide que los representantes elegidos por el pueblo decidan cómo debe regularse el aborto. Lo que distingue claramente el derecho al aborto de los derechos reconocidos en los casos en los que se basaron Roe y Casey es algo que ambas decisiones reconocen: el aborto es diferente porque destruye lo que Roe denominó ‘vida potencial’ y lo que la ley hoy impugnada en este caso llama ‘ser humano no nacido’. Ninguna de las otras decisiones citadas en los casos Roe y Casey implicaba la cuestión moral crítica que plantea el aborto. En consecuencia, esos casos no apoyan el derecho a obtener un aborto, y la conclusión del Tribunal de que la Constitución no confiere tal derecho no los socava en modo alguno».

«La doctrina de stare decisis (principio latino que literalmente significa ‘mantenerse con las cosas decididas’ o doctrina del precedente) no aconseja seguir manteniendo las sentencias Roe y Casey. Dicha doctrina desempeña un papel importante y protege los intereses de quienes han actuado basándose en una decisión anterior; reduce los incentivos para impugnar precedentes establecidos, ahorrando a las partes y a los tribunales el gasto de una reiterada litigación interminable. Pero la stare decisis no es un mandato inexorable. Algunas de las decisiones constitucionales más importantes del Tribunal han anulado precedentes anteriores. Véase, por ejemplo, «Brown vs. Board of Education», que anuló la infame decisión de «Plessy vs. Ferguson» (que mantuvo la constitucionalidad de la segregación racial en lugares públicos). Al igual que en el caso Plessy, la sentencia en el caso Roe también fue groseramente errónea y estuvo en curso de colisión con la Constitución desde el día en que se decidió. El caso Casey perpetuó sus errores y el Tribunal Supremo cortocircuitó el proceso democrático al cerrarlo al gran número de estadounidenses que no estaban de acuerdo con Roe. Decidir si un precedente debe ser anulado depende en parte de si la norma que impone es viable, es decir, si puede ser entendida y aplicada de manera coherente y predecible. La anulación de Roe y Casey no pondrá en peligro los intereses de confianza concretos como los que se desarrollan en casos que implican derechos de propiedad y de contrato».

«Este Tribunal está sujeto a los principios habituales de stare decisis bajo los cuales la adhesión al precedente es la norma pero no un mandato inexorable. Si la norma fuera otra, decisiones erróneas como la del caso Plessy seguirían siendo ley. El trabajo del Tribunal es interpretar la ley, aplicar los principios de stare decisis y decidir este caso en consecuencia. La Ley de edad gestacional de Mississippi está respaldada por las conclusiones específicas de la Legislatura de Mississippi, que incluyen el interés declarado del Estado en ‘proteger la vida del no nacido. Estos intereses legítimos proporcionan una base racional para la Ley sobre la edad gestacional, y de ello se deduce que el recurso de inconstitucionalidad de los demandados debe fracasar. La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada Estado regular o prohibir el aborto. Roe y Casey se arrogaron esa autoridad. El Tribunal anula esas decisiones y devuelve esa autoridad al pueblo y a sus representantes elegidos’».

A partir de ahora, cada Estado podrá legislar sobre el aborto libremente.

  • Melitón Cardona es un antiguo asesor jurídico internacional y abogado del Estado sustituto en el Ministerio de Asuntos Exteriores
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