petición de indulto

Siete vocales enmarcados en el denominado sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han expresado su «total desacuerdo» con la iniciativa «personal y particular» de su colega  Pilar Sepúlveda de sumarse a la petición de indulto para el ex presidente andaluz José Antonio Griñán, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado su condena a seis años de prisión por el ‘caso ERE’, al considerar que con ello se entromete en la labor del Tribunal Supremo.

«Hacemos público nuestro total desacuerdo con la participación de la firmante de la petición de indulto y la aparente intromisión que ello puede suponer en asuntos que penden ante los tribunales», reza la nota firmada por los vocales Carmen Llombart, María Angeles Carmona, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y José María Macías.

Los firmantes explican que, aunque desconocen si Sepúlveda rubrica la petición de indulto haciendo constar o no su condición de vocal, es «irrelevante» por cuanto esta circunstancia no cambia el hecho de que forma parte del Consejo General del Poder Judicial y que así «se resalta en la difusión que los medios de comunicación están haciendo de su adhesión».

«Aun tratándose de una posición personal y particular que no refleja la posición del CGPJ, es lo cierto que la imagen de necesaria neutralidad que debe tener este órgano constitucional queda seriamente comprometida ante la opinión pública y podría entenderse como una intromisión en las competencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha de emitir un preceptivo informe, y, en su caso, de la Sala Tercera del Alto Tribunal, llamada a una hipotética revisión del indulto».

Estos son algunos de los políticos y personalidades, de los 4.000 firmantes que piden el indulto a Griñán

En consecuencia, sostienen que «la adhesión mediante la firma del escrito dirigido al presidente del Gobierno de España supone un papel activo y relevante, con una difusión aumentada por el carácter de autoridad del gobierno judicial, que colisiona con los referidos  deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Consejo General del Poder Judicial».

«La firma de la petición entraña un plus respecto de lo que podría ser una manifestación personal, una opinión sobre la oportunidad o conveniencia de otorgar el indulto», reprochan.

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