vocales conservadores

Esta semana se celebra la votación más importante, decisiva, dentro del pulso judicial que el Gobierno de coalición y el PP han sostenido en esta Legislatura. El jueves hay convocado un Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que el Gobierno espera que elijan a los dos magistrados que es de su competencia renovar. Una vez que estén nombrados, y de acuerdo con los perfiles seleccionados, el Ejecutivo hará los nombramientos de los otros dos vocales que son competencia suya.

Por primera vez en la historia no hay ningún pacto. Ni entre PP y PSOE ni entre el sector conservador y progresista en el CGPJ. Y para que el Gobierno se salga con la suya, al menos cuatro vocales elegidos por el PP se han de pasar al lado de los elegidos por el PSOE y votar a los candidatos. El sector conservador del CGPJ no va a proponer nombres. Pero Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, «está trabajando con el ministro de la Presidencia para hacer una propuesta de un conservador y un progresista, para que el CGPJ elija y el proceso no se bloquee». «Y está intentando transfuguismo de vocales conservadores hacia esa propuesta», según fuentes jurídicas.

La decisión que tiene que tomar el CGPJ se produce en un ambiente muy revuelto. Ante la falta de acuerdo para la renovación del Poder Judicial el Gobierno de coalición promovió una reforma exprés para limitar la capacidad de nombramiento del Consejo en tanto esté en funciones.

Como sigue sin haber acuerdo, el PSOE presentó otra proposición de ley para que el Consejo del Poder Judicial sí pueda nombrar a estos dos magistrados del TC, aun estando en funciones, y revirtiendo así la modificación que el Ejecutivo impulsó en 2021. El objetivo es ejecutar una renovación del TC de la que depende que se imponga la mayoría progresista.

La situación por el choque entre Gobierno y PP es de excepcionalidad absoluta, y desde algunos sectores hay ahora movimientos para evitar una renovación, «en un contexto tan singular» –dicen–, y con la justificación de que «supondría que el Gobierno de coalición tendría una mayoría «histórica» en el mayor garante del respeto a la Carta Magna.

Control para el presidente Pedro Sánchez, pero en medios jurídicos se advierte también sobre las consecuencias «de la entrada de ERC en el órgano que tiene la competencia de ser el que vele por la estricta aplicación de la Constitución en Cataluña». Hablan de una mayoría histórica porque, tradicionalmente, con los cambios de Gobierno lo normal es que la proporción en el TC sea siempre de 7-5 a favor del partido que llega a Moncloa. Si se ejecuta la renovación del TC en estas circunstancias, el equilibrio de fuerzas se quedará en 7-4 por la renuncia de uno de los magistrados del sector conservador del órgano de garantías, Alfredo Montoya, debido a motivos de salud.

Montoya fue nombrado por el Senado a propuesta del PP en 2017, por lo que no forma parte de la renovación prevista para este mes de septiembre. No obstante, desde el PP sostienen que no puede renovarse el TC hasta que no esté pactado el sustituto de Montoya, a lo que el PSOE se opone.

En este marco, la decisión del próximo jueves puede propiciar que haya un TC con un reparto de 7-4 a favor de la coalición, y dentro del bloque progresista con un magistrado afín a ERC, para lo que suena el nombre de Marc Carrillo, catedrático de Constitucional.

Otro de los nombres que se barajan en la cuota del Gobierno es el del juez José Ricardo de Prada, perfil de consenso entre el PSOE y Unidas Podemos.

La candidatura de De Prada ha estado encima de la mesa en otras negociaciones fallidas con el PP, y los populares siempre se han mostrado contrarios a aceptarlo porque fue el redactor de la sentencia de la Gürtel. El PP lo vincula con la principal causa de la moción de censura que terminó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

El malestar que hay en el Consejo General Judicial con el Gobierno podría llevarse por delante el giro en las mayorías del TC: el PSOE necesita que cuatro vocales del sector conservador se pasen a su bloque en el Pleno del próximo jueves. Contando con el presidente Carlos Lesmes, el reparto entre conservadores y progresistas queda en 11-8. La mayoría está en 12. El Gobierno, ante esta circunstancia, tampoco podría sacar adelante la elección de sus candidatos.

No pasa por alto que en medios socialistas catalanes, y, sobre todo, independentistas, esta renovación se ve como una oportunidad para «hacer» una mayoría que contribuya a revisar la doctrina del TC ante el soberanismo, de tal manera que crezca el bloque más sensible hacia los postulados del mismo. De arranque, por ejemplo, en relación al autogobierno y a una mayor flexibilidad en la interpretación de la Constitución en todas las causas que afectan a la Generalitat y al independentismo.

Un Constitucional de carácter progresista decidirá sobre las leyes ideológicas y de más trascendencia política para el Gobierno como la Ley de Memoria Histórica, la Ley Celáa, la ley de plazos, la ley del derecho a morir (eutanasia) o hasta la posible suspensión del ingreso en la cárcel del ex presidente socialista de Andalucía José Manuel Griñan, condenado por malversación.

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