Vocales del CGPJ

Nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideran “imprescindible” que el Gobierno modifique la reforma legal que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos mientras siga en funciones, lo que ha provocado ya que se acumulen casi 70 vacantes en la cúpula judicial, con especial incidencia en el Tribunal Supremo (TS), que sumará una veintena a final de año.

Tras reunirse anoche de manera presencial y telemática, los vocales conservadores (a los que se ha sumado Wenceslao Olea) reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dé marcha atrás y revierta la reforma que impulsaron PSOE y Podemos para forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ, pendiente desde diciembre de 2018. “Se hace imprescindible que por parte del gobierno de la nación se reconsidere la oportunidad de mantener la vigencia de la Ley Orgánica 4/2021 a la vista de la magnitud de los perjuicios que está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y la lesión del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva”. aseguran en un comunicado en el que instan al Gobierno a impulsar “su derogación, por sí o a través de los grupos parlamentarios que le dan apoyo en las Cortes Generales”.

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El bloque conservador del Consejo considera que tras la ruptura de las negociaciones entre el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ, “se hace urgente adoptar medidas para paliar la situación provocada como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo con la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que nos impide cumplir con una parte sustancial de nuestras funciones constitucionales y, entre ellas, las relativas a nombramientos de cargos judiciales”.

Propuestas para recuperar su “funcionamiento normal”

Para intentar desatascar la situación, aseguran, “en los próximos días se formularán las propuestas concretas a la vista de la información que se facilite por el Servicio de Inspección del CGPJ con el objetivo de, en la medida de lo posible, recuperar el funcionamiento normal del CGPJ y de la Administración de Justicia”.

Estos vocales juzgan asimismo “imprescindible recuperar los encuentros con los interlocutores para consensuar el nombramiento de los dos magistrados del TC cuya propuesta corresponde al CGPJ”, por lo que aseguran que en las próximas fechas “se llevarán a cabo los contactos para determinar los candidatos posibles que los nueve vocales del grupo consideren más adecuados y que expresen su disponibilidad a participar en el proceso de selección”.

Y eso que en el tortuoso camino para la renovación del Tribunal Constitucional(TC) –un juego de niños comparado con el proceso de sustitución de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a punto de cumplir cuatro años en funciones– se ha cruzado un obstáculo inesperado.

Tras saltar por los aires el pacto entre Gobierno y PP para poner fin al mandato de los actuales miembros del órgano de gobierno de los jueces, los vocales deben retomar las conversaciones para designar a dos magistrados del TC (los otros dos los designa el Gobierno) de los cuatro que instaurarán una mayoría progresista en el tribunal de garantías. Pero según fuentes del CGPJ consultadas por este periódico, los dos recursos presentados (por el vocal Wenceslao Olea y por el secretario general de la institución) contra la designación de Rafael Mozo como sustituto interino del dimitido Carlos Lesmes al frente del Consejo, pueden dilatar esa decisión.

Y es que, apuntan esas mismas fuentes, si el Supremo diese la razón a los recurrentes y anulara la elección de Mozo, las decisiones adoptadas por el Pleno por él presidido (incluida una posible elección de los dos jueces del TC) podrían verse afectadas de nulidad. Este es, precisamente, uno de los argumentos que esgrimió el vocal Wenceslao Olea en su recurso para solicitar la adopción de la suspensión cautelarísima de la resolución que aupó a Mozo a la presidencia provisional, una medida que finalmente el Tribunal Supremo rechazó.

“Sería calamitoso”

«Sería calamitoso», aseguran antes de mostrar cautela ante el proceso de designación de los magistrados del Constitucional. «Hay que estar a la espera de los acontecimientos», señalan. La Sala de lo Contencioso del alto tribunal dispone de tres meses de plazo para resolver los recursos, aunque tal y como informó ayer LA RAZÓN la intención de los magistrados es dilucidar en un plazo aproximado de diez días.

A la espera de retomar ese diálogo que se interrumpió a principios del pasado octubre cuando, tras la tercera reunión de la comisión negociadora, el bloque progresista anunció su intención de buscar «otras vías alternativas de acuerdo inmediato» para renovar el TC, el sector mayoritario se reunió ayer para consensuar los pasos a seguir.

Sin un candidato que poner sobre la mesa, los nueve vocales conservadores abordaron el procedimiento a seguir en las próximas semanas. Porque, de momento, aseguran fuentes del grupo mayoritario, «las condiciones no han cambiado». «La negociación se retomará, pero en busca de unos candidatos idóneos», subrayan. «Sin prisa, pero sin pausa».

El Gobierno, expectante

Entre los vocales conservadores están convencidos de que, como se acordó bajo la presidencia de Lesmes, su sustituto no forzará la convocatoria de un Pleno extraordinario para renovar el TC sin un previo consenso sobre los dos candidatos. En el bloque progresista, sus nueve candidatos iniciales se han reducido a tres, con el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés como principal favorito.

En la última reunión de la comisión negociadora, los vocales del grupo minoritario se mostraron dispuestos no obstante a designar «de manera inmediata» a un candidato «de excelencia y perfil jurisdiccional y jurídico intachable». Un paso que aún no han dado.

El Gobierno, que debe designar a sus dos candidatos para el TC, se mantiene por ahora a la expectativa a la espera de los pasos que dé el CGPJ. No en balde, sabe que un nombramiento en solitario podría toparse con la negativa del Pleno del Constitucional.

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